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BOGOTÁ | EL TIEMPO/GDA
El gobierno colombiano está rastreando los bienes que las FARC tiene en todo el mundo para poder reparar a las víctimas y sus familias. Holanda, Alemania y Argentina están en el radar de las autoridades.
Según los cálculos de la Fiscalía, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) recibe anualmente cerca de 1.115 millones de dólares, un monto similar al que facturan en Colombia empresas como Movistar y la British Petroleum y el doble de lo que el sector defensa recibió este año por cuenta del llamado impuesto al patrimonio.
Los dividendos son producto de las millonarias ganancias que les deja el narcotráfico y, como cualquier multinacional, las FARC tienen enfocadas sus inversiones en negocios lucrativos, como el de las bienes raíces, transporte y cadenas hoteleras y de abarrotes.
EXTERIOR.
"Sabemos que sólo un 30% de esa fortuna está en Colombia. Rastreamos bienes en Alemania, Holanda, Noruega, Dinamarca y Suecia, en donde hay evidencia de sus inversiones", dijo una fuente de la Fiscalía, cabeza de la investigación. Y agregó que el rastreo incluye a Venezuela, Ecuador, Argentina, Costa Rica y Panamá.
El propósito es que los bienes estén identificados cuando se aborde el tema de la reparación, evitando repetir lo sucedido con los paramilitares, que desde el 2008 solo entregaron ruinas y bienes con problemas legales.
"Como lo advirtió el fiscal Eduardo Montealegre tras el anuncio de los diálogos con el gobierno, si las FARC quieren la paz deben reparar económicamente a sus víctimas", manifestó la fuente.
Un rastreo inicial de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos arrojó las primeras pistas.
Con base en ese listado, la prensa halló firmas en Panamá -Construcciones Integrales del Istmo S.A., Obras Civiles y Vivienda Industrializada, Selwin International Inc., y Corvay Overseas Corp.- ligadas a dos de los investigados por Estados Unidos: Gloria Inés Ramírez Bonilla y Jorge Enrique Jiménez Urrego.
CAGUÁN.
Pero el capítulo más avanzado de la investigación está en Colombia, donde las autoridades tienen en la mira más de 300.000 hectáreas en poder de las FARC que necesitan pasar por el tamiz de los jueces para la extinción de dominio. El miércoles, el presidente Juan Manuel Santos recibió un informe inicial que da cuenta del traspaso irregular de 151.000 hectáreas en San Vicente del Caguán.
Un equipo multidisciplinario de investigadores encontró desde ventas por debajo del avalúo catastral hasta suplantación de propietarios. Cerca de 97.000 hectáreas habrían sido apropiadas falsificando firmas y 45.000, uniendo parcelas de manera ilegal.
Pero la mejor evidencia del despojo es la venta de 17.000 hectáreas por debajo de su avalúo catastral: "Es obvio que vendieron bajo presión", explicó el investigador. Otras 474 hectáreas fueron adjudicadas por el desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria a través de resoluciones en papelería no oficial y con la firma de funcionarios que ya no trabajaban allí.
Aunque faltan 9.000 matrículas inmobiliarias por revisar en el Caguán, estos hallazgos se enviarán a la Fiscalía para que establezca quiénes son los verdaderos dueños. El mismo proceso se repetirá en Meta, Putumayo y Cauca.
En el informe que el presidente Santos conoció esta semana, los investigadores le reportan tres casos que han llamado la atención: empresarios de diferentes partes del país han hecho compras masivas en plena zona guerrillera.
La cifra
9.000 matrículas inmobiliarias serán evaluadas por las autoridades colombianas para determinar a quiénes pertenecen realmente.
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