Si bien al comienzo de la negociación por el nuevo estatuto del funcionario público el gobierno marcó una postura firme con los trabajadores estatales, ahora, urgido por realizar el convenio, cedió en una de sus aspiraciones clave. El proyecto original decía que todos los estatales deberían trabajar de formar obligatoria durante los feriados laborables. Pero en las últimas reuniones de negociación con el sindicato de empleados públicos (COFE) el Ejecutivo aceptó que esas jornadas fueran cubiertas por una guardia, que además solo será llevada adelante en los servicios imprescindibles.
“En el tema de los feriados (laborables) se planteo una formula sobre la cual vamos a hacer acuerdo; que es que los feriados se consideren días inhábiles y que en aquellos lugares donde requiere servicio se trabajará con guardia, con una selección de funcionarios”, dijo a El Observador el dirigente de COFE, Luis Bazzano.
Ayer hubo una nueva reunión entre representantes del Poder Ejecutivo y COFE. El gobierno comunicó a los sindicalistas que pretende presentar a los trabajadores el borrador con el nuevo estatuto del funcionario público en menos de dos semanas, por lo que fijó para el próximo jueves la última reunión entre las partes para afinar los detalles de la normativa laboral.
El dirigente sindical reconoció que la fórmula inicial planteada por el gobierno era “más dura” pero informó que la negociación derivó en que “solo se va a trabajar si se necesita”.
El acuerdo implica que los días feriados laborables solo deberán concurrir a su trabajo una cantidad limitada de funcionarios. Y además solo comprenderá aquellos servicios que son esenciales. En ese sentido el sindicalista explicó que en la negociación se buscó “asegurar” el cumplimiento de la atención al público en determinadas oficinas. Al comienzo de la negociación el gobierno aseguraba que la totalidad de los funcionarios públicos deberían trabajar durante los feriados laborables como si fuera un día hábil.
“Es una formula intermedia porque no va a estar obligado a trabajar todo el personal pero los servicios se van cubrir”, sostuvo Bazzano.
Todavía hay diferencias
Aunque el gobierno comunicó ayer su urgencia por definir el nuevo estatuto del funcionario público, los trabajadores advierten que aún existen puntos de divergencia.
Bazzano afirmó que “no hay nada que esté particularmente trancando” aunque existen “desacuerdos varios”. En ese sentido explicó que “son 90 y pico de artículos que exigen discusión porque después van a estar vigente en los próximos 20 años”.
COFE asegura que “no hay mucho punto de contacto en la definición del funcionario público”, dijo el dirigente. Los trabajadores pretenden determinar con claridad los derechos y obligaciones de los funcionarios. Además también hay diferencias en definiciones sobre la carrera administrativa y la carga salarial.
Los sindicalistas entienden que los trabajadores que cumplen una igual función deben tener una misma remuneración. En tanto, el gobierno insiste en pagar más al personal que más necesite.
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