La ley de despenalización del aborto que fue aprobada ayer en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados contempla el caso de las instituciones médicas que, como el Círculo Católico, se nieguen a realizar ese procedimiento por razones de “objeciones de ideario”. La iniciativa le introdujo varios cambios -a iniciativa del diputado Iván Posada (Partido Independiente)- a la ya aprobada por el Senado.
Entre ellos, establece que todas las instituciones médicas del Sistema Integrado de Salud tendrán la obligación de cumplir con los preceptuado en la iniciativa pero deja la puerta abierta para las instituciones que tengan objeciones preexistentes a la vigencia de la ley con respecto a los procedimientos de interrupción del embarazo. Ellas “podrán acordar con el Ministerio de Salud Pública dentro del marco normativo que regula el Sistema Nacional Integrado de Salud, la forma en que sus usuarias accederán a tales procedimientos”.
Según explicó a El Observador el diputado Posada, en la actualidad existe una situación similar ya que el Círculo Católico se niega a realizar procedimientos de vasectomía en los hombres o de ligazón de trompas en la mujer. Esos servicios son prestados por el Banco de Previsión Social (BPS) cuando alguno de los usuarios de la mutualista desea acceder a ellos. “En el caso del aborto podría buscarse una solución similar”, señaló el parlamentario.
Los médicos ginecólogos y el personal de salud que tengan objeciones de conciencia para intervenir en los procedimientos deberán hacérselo saber a las autoridades de las instituciones a las que pertenecen.
Por otra parte, los redactores de la ley que habilita el aborto antes de las 12 semanas de gestación, tomaron en cuentas el pedido de varias asociaciones médicas para que también se establezcan límites para los embarazos devenidos de una violación. En estos casos, el plazo se extenderá hasta las 14 semanas de gestación.
El proyecto será votado el próximo 25 de setiembre en la Cámara de Diputados y luego pasará al Senado para que le de el visto bueno a los cambios planteados. Este nuevo proyecto, a diferencia del que había sido aprobado en primera instancia en la Cámara Alta, pone el énfasis en la “despenalización” del aborto y no en su “legalización” como pretendía la mayoría del Frente Amplio.
