El presidente José Mujica ordenó ayer sancionar con tres días de arresto simple a los ocho generales en actividad que visitaron el viernes 11 en la guardia de Coraceros al coronel retirado Tranquilino Machado, procesado por el homicidio del militante comunista Ramón Peré, en julio de 1973.
La sanción deberá ser cumplida en sus hogares por los militares, quienes deberán asistir en cambio a trabajar mientras se aplique el castigo. Eso sucede porque en los ocho casos se trata de generales. La ley orgánica militar indica que, cuando se aplica arresto “simple” a militares con grado mayor a coronel deberán cumplirlo en su domicilio, mientras que los de menor grado tendrán que hacerlo en la unidad militar a la que pertenece. Si el arresto hubiera sido “a rigor”, los generales tendrían que cumplir el mismo en una unidad militar ajena a la que prestan servicio, mientras que los de menor rango a coronel deben hacerlo en su repartición.
Enterado del plan de visita, el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, transmitió que estaba en desacuerdo con la misma. Ese gesto fue visto desde casa de gobierno como una desautorización a la autoridad por lo que, si bien la visita no ameritaría una amonestación directa, el desplante al pedido del secretario de Estado precipitó el castigo como una medida ejemplarizante, según explicaron a Ultimas Noticias fuentes oficiales.
Fuentes militares explicaron a Ultimas Noticias que el grupo de generales del Ejército intentó enviar una “señal clara” de “solidaridad” hacia Tranquilino Machado, porque consideran “injusto” el procesamiento. Uno de los consultados explicó que la versión históricamente repetida en las Fuerzas Armadas sobre ese caso incluye matices con al relato de la Justicia. Según dicen, Machado participó de un tiroteo contra un grupo de manifestantes, ante una orden de su superior. Otra versión, en cambio, asegura que Machado dio muerte a Peré por la espalda cuando este repartía volantes.
El peso de un arresto simple es relativo según quién lo analice. Si bien se trata de los castigos más “suaves” dentro del abanico de posibilidades que tenían las autoridades para proceder, el peso “moral” que tendrá el mismo en el legajo puede ser considerable para algunos de los involucrados.
Ultimas Noticias se contactó ayer con uno de los ocho sancionados, el general Daniel Castellá, comandante de la División de Ejército I, pero este prefirió no realizar comentarios sobre el tema, al tiempo que confirmó su participación en la visita a Machado.
El martes 7 de junio el juez penal de 3° turno, Ruben Saravia, procesó con prisión al coronel retirado Tranquilino Machado por un delito de “homicidio muy especialmente agravado”, por su responsabilidad en la muerte del militante de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), Ramón Peré.
Peré fue estudiante de la Facultad de Veterinaria y militante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (Feuu).
Ocupaba el local del centro de estudios y durante una recorrida con un compañero el 6 de julio de 1973 por la zona de Rivera y Bustamante, en plena huelga general en protesta por el golpe de Estado (el 27 de junio), fueron seguidos.
Los jóvenes militantes escaparon corriendo y los agentes abrieron fuego. Una de las balas alcanzó a Peré y le produjo la muerte.
UN ACTO DE CAMARADERÍA “SIN TRASFONDO POLÍTICO”
El Foro Libertad y Concordia se molestó con la relevancia que dio el gobierno a la visita de los ocho generales en actividad al coronel Tranquilino Machado, recluído en la guardia de Coraceros por el homicidio del militante comunista Ramón Peré. Desde la agrupación consideran que el hecho de tratar el tema en el Consejo de Ministros incentivó a que se apliquen las sanciones a los generales, pues se dio más importancia de la que en realidad tiene. Según explicó a Ultimas Noticias uno de los integrantes de la organización, el coronel retirado Elmar Castiglioni, la visita fue “un mero acto de camaradería, de compañeros que fueron a visitar a su camarada preso como lo hace cualquier persona porque son vínculos que se mantienen hace 40 años”. Considera que el gobierno vive constantemente con “fantasmas” de la dictadura (1973-1985) y toman cada manifestación de los militares como un preparativo para un golpe de Estado, lo que provoca que los mandos militares no pueden “ni hablar” porque son sancionados. A su vez, los militares retirados dicen nunca haber visto una sanción de estas características incluso en el período de facto, principalmente por la extensión de la misma.
Por otra parte, el Foro ve con preocupación la politización de la Justicia, lo que resta –según dicen- garantías a los procesos judiciales en donde militares son juzgados y consideran que “los procesamientos son alentados por determinados jueces y fiscales que lo hacen en base a testigos vagos o escasas pruebas”.
LOS OCHO
Los ocho generales en actividad del Ejército que visitaron el viernes 11 de junio al coronel retirado Tranquilino Machado en la guardia de Granaderos son, según publicó La República: Luis Pérez (sin destino), Daniel Castellá (comandante de la División de Ejército I), Sergio D’Oliveira (director del Instituto Militar de Estudios Superiores), Pedro Aguerre (comandante de la División de Ejército IV), Neris Corbo (director de Sanidad Militar), Domingo Montaldo (jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República), Nelson Pintos (comandante de la Logística) y Juan J. Saavedra (director de la Escuela Militar y director del Instituto Militar de las Armas y Especialidades).
MEDINA Y SANDE POR MUERTE DE CASTRO
Declararon ayer ante la Justicia los ex policías Ricardo Medina y José Sande, en el marco de la investigación sobre la desaparición y muerte del maestro Julio Castro.
Según informaron fuentes judiciales a Ultimas Noticias, ambos declararon nunca haberlo visto en el departamento 3 del Servicio de Información y Defensa (SID), donde prestaban servicios cuando el maestro fue detenido. Por lo tanto, negaron las interrogantes referidas al tema. Al igual que el resto de sus colegas, los funcionarios de este departamento que prestaron declaraciones hasta ahora niegan haber visto al maestro detenido en dicho lugar. Por ese motivo, la Justicia continuará con las indagatorias los días 20 y 21 de junio cuando el juez cite a más militares.
EX MILITARES DECLARAN POR CASO JULIEN
Declararán hoy y mañana ante la Justicia ex funcionarios militares del Servicio de Información e Inteligencia de Defensa (SID), según expresó el abogado Pablo Chargoña a Ultimas Noticias.
Fueron citados por la causa que investiga el abandono de los hermanos Julien en Chile luego de la detención de sus padres, Roger Julien y Victoria Grisonas. Los funcionarios prestaban funciones en el SID en el año 1976, cuando el matrimonio fue detenido en Buenos Aires y trasladado al centro de reclusión Automotores Orletti. Por ese motivo, el juez de 20° Turno, Alejandro Guido, tomará declaraciones junto a la fiscal Adriana Costa en busca de nuevos datos. Se prevé solicitar más pruebas documentales y habrá más indagatorias.
Fuente: Diario ultimas noticias
